La venalidad de los funcionarios tiene un costo que puede cuantificarse. Aquí, un cálculo parcial basado en el repaso de algunos de los casos más emblemáticos y escandalosos de malversación de fondos públicos
Las definiciones académicas de "corrupción", palabras más palabras menos, sostienen que se trata del acto de "hacer abuso de poder, de funciones o de medios del Estado para sacar un provecho económico o de otra índole; se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima". A comienzos de septiembre, un reporte del Foro Económico Mundial ubicó a la Argentina en el puesto 139º -sobre 144 naciones- de un ranking de corrupción, en el que destacan "el favoritismo en las decisiones del Gobierno, la ineficiencia del Estado y el despilfarro de los fondos públicos". El informe publicado por esta entidad independiente con sede en Ginebra es el que refiere al "Desvío de fondos públicos": Argentina se encuentra en el puesto 143º.
Según los números investigados por la Justicia en las principales causas federales de corrupción, en los últimos 10 años, el Estado habría sido defraudado, por lo menos, en más de 5.000 millones de pesos. El uso del potencial no es antojadizo, solo que al ser â??muchas de esas- causas con final abierto, no puede definirse con exactitud el monto de los perjuicios económicos. Según un cálculo al que llegó Infobae, las principales causas de corrupción de los últimos 10 años. Le habrían generado pérdidas al Estado por 3.726 millones de pesos.
En 2005 explotó en los medios el caso Skanska, en el que se investigaron sobreprecios en licitaciones para la construcción de dos gasoductos. Si bien la Justicia sobreseyó a todos los funcionarios involucrados, la constructora sueca admitió haber utilizado facturas truchas para justificar el pago de sobornos a miembros del Gobierno Nacional. Se investigó la ruta del dinero por más de 50 millones de pesos en sobreprecios. De la megacausa originaria por el uso de facturación apócrifa, en la cual están involucrados más 50 organismos oficiales, se desprende el Caso Gotti, una constructora del grupo de empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez que justificó entradas y salidas de dinero por más de 500 millones de pesos con facturas truchas y empresas fantasmas. Esto le permitió a la empresa de Báez evadir, solo en IVA, más de 40 millones de pesos.
En 2007 la relación entre Hugo Chávez y el kirchnerismo quedó manchada. Guido Alejandro Antonini Wilson fue detenido intentando ingresar 800 mil dólares sin declarar, luego de abordar un avión junto a funcionarios argentinos. La Justicia argentina nunca pudo determinar, origen, destino ni involucrados en esa operatoria, pero la Justicia de los Estados Unidos afirmó que en ese avión que aterrizó la madrugada del 4 de agosto de 2007 venían cinco millones de dólares en valijas que iban a ser destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y eran aportados por la empresa estatal de petróleos de Venezuela (PDVSA) en el marco de una suerte de "embajada paralela" que se encargaba del envío de remesas de dinero clandestinas. Los 4,2 millones restantes que sí ingresaron nunca se localizaron.
En 2010 llegó a la Justicia la causa por los negocios bilaterales entre Argentina y Venezuela. Una denuncia confirmó que empresarios argentinos pagaron más de 43 millones de dólares a intermediarios para la realización de acuerdos de venta de maquinaria agrícola. Aún hoy, en los juzgados federales se investiga si ese pago a terceros se utilizó para encubrir el pago de coimas.
Los millones van y vienen, totalizados como meras monedas de un sistema negro. Desde 2007 en adelante, distintos medios empezaron a seguir de cerca la "Ruta del dinero K", una serie de triangulaciones que le habrían permitido al matrimonio Kirchner lavar por lo menos 50 millones de euros mediante negociados de Lázaro Báez. Se trata de la causa más emblemática de los últimos años. Junto a ella, aparece el Caso Schoklender, en el que intenta confirmar el desvió de fondos del plan oficial de viviendas financiado por el Gobierno y que era llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en ese momento a cargo de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que ambos se autoadjudicaron 23 millones de dólares. La AGN también aseguró que la estafa de la fundación se habría totalizado entre 200 y 300 millones de dólares, desde 2006.
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, intentó un juego que no le salió. Así lo consideró la Justicia y por eso lo procesó por considerar que mediante el uso de testaferros intentó quedarse con la imprenta Ciccone para la impresión de papel moneda. La operación no llegó a concretarse pero sí se pagaron 70 millones de pesos para levantar la quiebra de la empresa y poner las cosas "en regla". El destino judicial de Boudou es incierto.
El Programa Fútbol para Todos, es uno de los principales eslabones comunicacionales de la Casa Rosada. La jueza, María Romilda Servini de Cubría, investiga el final de 200 millones de pesos que se utilizaron para el pago a productoras y terceros para la transmisión de los encuentros del fútbol profesional argentino en un programa que incluye gastos del Estado por más de 1.200 millones de pesos anuales.
La tragedia de Once elevó el volumen de un grito nunca escuchado: el desvío de subsidios. La AGN también confirmó el pago de 1463 millones de pesos a la empresa de trenes TBA entre 2003 y 2011. Sin justificación alguna, la empresa de los Cirigliano utilizó más de 200 millones de pesos para la compra de moneda extranjera y operaciones sospechosas entre empresas del mismo grupo por 40 millones de dólares. De la mano de esta causa llega el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La Justicia comprobó que no puede justificar un patrimonio de más de 12 millones de pesos, suma a la que llegó desde que hizo uso de su cargo entre 2003 y 2009.
Entre 2003 y 2006, el Estado gastó 200 millones de pesos para LAFSA (Líneas Aéreas Federales) una empresa de aviación que nunca voló.
No hay comentarios:
Publicar un comentario